domingo, 27 de septiembre de 2015

Por qué el Tribunal de La Haya se declaró competente en el caso de Bolivia contra Chile.

El Palacio de la Paz en La Haya, lugar en donde sesiona la Liga de la Justicia la Corte Internacional de Justicia, llamada de manera informal también como el Tribunal de La Haya.
El pasado Jueves 24 de Septiembre de 2.015, quedó zanjada una nueva batalla entre Chile y Bolivia, cuando la Corte Internacional de Justicia, vulgarmente llamada el Tribunal de La Haya, se declaró competente para seguir conociendo de la demanda boliviana en contra de Chile. Lo que ha desatado la tormenta. Los bolivianos se pusieron a celebrar como si ya les estuvieran entregando Antofagasta sobre una bandeja de plata y con una enorme cinta de regalo, mientras que los chilenos han reaccionado de manera dividida. Es decir, los bolivianos se sienten triunfadores, y los chilenos perdedores, y esto aunque la Corte no ha zanjado todavía el conflicto, y no lo zanjará sino probablemente hasta 2.017. Pero, ¿es realmente de este modo? Porque si fuera el caso, no habría necesidad de seguir el juicio. Pero el juicio sigue. ¿Por qué...?

Como la ocasión ha propiciado un incremento en el consumo de elementos alucinógenos por parte de los comentaristas de turno, que en consecuencia han lanzado opiniones más cercanas a la mescalina que a la verdad jurídica, es que acá en la Guillermocracia hicimos lo que casi ningún analista barato de café suele hacer: nos tomamos la molestia de leernos la decisión. Si saben inglés, ustedes también pueden hacerlo. La decisión está contenida en varios documentos, que en total suman cerca de 60 páginas en PDF, cuyos enlaces ponemos a disposición: La decisión misma, la declaración separada del juez Bennouna, la declaración separada del juez Cançado Trindade, la declaración del juez Gaja, y la opinión disidente del juez ad hoc Arbour. A partir de estos antecedentes, es que nosotros vamos a aclararles un poco qué fue lo decidido por la Corte, por qué lo decidió, y si es beneficioso o no para Bolivia o para Chile. Así, esperamos que nuestros lectores al referirse después sobre el tema, lo hagan con calma y mesura, y no repitan el montón de estupideces que acá hemos tenido la bendita suerte de tener que soportar, incluyendo cierto provecto político chileno que estaba poco menos que haciendo un llamado a las armas. Y para hacerlo todavía más fácil, lo iremos diciendo punto por punto, desarrollado en un cómodo formato de preguntas y respuestas, de manera que absolutamente nadie se pierda en la cadena de razonamientos. Y una nota adicional, antes de empezar. El idioma oficial de los textos es el inglés; las citas en castellano que ofrecemos, son traducciones hechas acá en la Guillermocracia, y por lo tanto, no tienen carácter oficial, y sirven sólo para propósitos informativos. Dicho lo cual, podemos comenzar a desarrollar la cuestión.

1.- ¿Qué demanda Bolivia?

En sentido técnico, lo que Bolivia demanda es que Chile se siente a negociar. En su demanda escriben que lo demandado es la supuesta obligación chilena "de negociar de buena fe y de manera efectiva con Bolivia en orden a alcanzar un acuerdo garantizando a Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico". Incluso la carátula del caso lo dice. Dentro de la Corte Internacional de Justicia, el caso se llama "Obligación para negociar un acceso al Océano Pacífico (Bolivia versus Chile)"["Obligation to Negotiate Access to the Pacific Ocean (Bolivia v. Chile)"], y no como sobre si Chile debe en efecto entregar a Bolivia una salida soberana al mar. El reclamo boliviano es que Chile habría hecho a Bolivia varias promesas reiteradas a lo largo de décadas, de entablar negociaciones para entregarle una salida soberana al mar a dicho país, que Chile no habría cumplido, y que por tanto la Corte debería declarar que deben cumplirse. Bolivia no está atacando en ningún minuto al Tratado de Límites de 1.904, que formalizó el dominio chileno sobre el territorio reclamado por Bolivia, y así lo escriben al contestar la objeción preliminar chilena: "Bolivia enfáticamente rechaza la caracterización de su reclamo como buscando la revisión o anulación del Tratado de 1.904" (contestación boliviana a la objeción preliminar chilena, párrafo 50). Y esto establece un matiz importante, y no siempre bien entendido.

Por supuesto que esto tiene un subtexto. La verdadera intención de Bolivia, por supuesto que no se agota en la negociación. Si así fuera, la demanda sería inútil, porque aunque se concediera, bastaría con que ambas partes se sentaran a la mesa de negociaciones, charlaran un rato, vieran que no hay acuerdo posible, y la supuesta obligación chilena estaría cumplida. La única manera de que la demanda sea útil para Bolivia, es que dicho país quiere lisa y llanamente que se le haga cesión de territorios soberanos chilenos, so pretexto de que fueron bolivianos hasta 1.879. Así, Bolivia busca estrangular a Chile por la vía diplomática y judicial internacional: si se condena a Chile a negociar una salida soberana boliviana al mar por territorio chileno, y de las negociaciones terminan abortadas por cualquier razón, entonces Bolivia podría reclamar que el fallo no ha sido cumplido por Chile, de manera tal que puede mantener un chantaje perpetuo hasta obtener lo que reclama.

2.- ¿Son fundadas las demandas de Bolivia?

Veamos los dos aspectos de la cuestión: la supuesta obligación de negociar, y la cuestión territorial. En lo territorial, Bolivia perdió territorios a manos de Chile de manera oficial y jurídica en 1.904, por un Tratado que está firme porque se ha cumplido a lo largo de más de un siglo, y que no tiene vicios porque fue celebrado veinte años después del término de la guerra y por lo tanto no fue a punta de pistola, y que además queda fuera de la competencia de la Corte Internacional de Justicia por una cuestión de fecha. Y fin del asunto. Así, cualquier acto de cesión territorial de Chile a Bolivia sería un acto nuevo, no la corrección de una infracción cometida en 1.879 o en 1.904. La alegación boliviana de su (jurídicamente inexistente) derecho a una salida soberana al mar, adolece del mal propio de todos los irredentismos: proclamar que una situación territorial determinada es injusta, y que el remedio es hacer volver la Historia al momento en que la situación territorial sí era justa. Y con los irredentismos sucede que la situación territorial justa es siempre, qué casualidad, aquella en la que el irredentista saca la máxima tajada. Porque con el mismo criterio irredentista, Perú podría sostener que la situación justa no era la de 1.879 sino la de 1.825, y reclamar a Bolivia que renuncien a su soberanía y se anexen al Perú. O México podría reclamar Texas a Estados Unidos, España reclamar a toda Latinoamérica que entreguen sus soberanías, e Italia reclamar lo propio a la mitad de Europa que alguna vez estuvo bajo el Imperio Romano. Chile mismo podría reclamar que se regrese la situación a 1.881, y que Argentina le devuelva la Patagonia, sin ir más lejos, alegando que el Tratado de 1.881 fue hecho a punta de pistola porque Chile estaba militarmente ocupado luchando contra Perú. Al final del camino, el pensamiento irredentista no tiene que ver con realidades jurídicas internacionales sino con misticismo mesiánico e irracionalista, y por lo tanto, el irredentismo es más propio de la mentalidad de la Edad de las Tinieblas, de una sociedad democrática y racional.

Por otra parte, si descartamos el tema del irredentismo y nos quedamos con apenas la idea de la existencia de una obligación de negociar, entonces, ¿en qué consiste dicha obligación? Técnicamente, la obligación estaría cumplida con apenas hacer una proposición y recibir una respuesta. Irse a un juicio únicamente por eso es un absurdo, y de hecho, nadie lo hace. Incluso, yendo más al fondo en la lógica, los juicios existen únicamente como mecanismo para resolver controversias que no pueden resolverse por una negociación directa, de manera que reclamar ante un juez de una supuesta obligación de negociar una situación que ha requerido de un juez en primer lugar, es un sinsentido, puesto que los jueces no se necesitan allí donde sí hay voluntad de negociar la solución de un conflicto. Por supuesto, una obligación de negociar es una obligación de hacer, y todo el mundo sabe lo difícil que es obligar jurídicamente a alguien a hacer algo que no quiere; en los hechos, cuando se trata de ejecutar a alguien por una obligación de hacer que no quiere hacerse, al final el asunto termina yéndose al pago de una indemnización de perjuicios por parte del infractor, indemnización cuyo pago no es una obligación de hacer sino una obligación de dar, que es más fácil de exigir. Por lo tanto, esta demanda boliviana, más que carecer de fundamento, es un absurdo y un sinsentido.

3.- ¿Qué significa la objeción chilena a la competencia de la Corte Internacional de Justicia?

Chile ha olido lo que hemos dicho anteriormente, que demandar una negociación es un absurdo, y ha planteado que en realidad la demanda boliviana tiene un fondo enmascarado, y dicho fondo es conseguir la salida soberana al mar, dándole un rodeo al Tratado de 1.904. Desde un punto de vista jurídico, dicho tema está resuelto por el Tratado de Paz y Amistad de 1.904, el cual cae fuera de la competencia de la Corte Internacional de Justicia porque la misma sólo puede ejercerse sobre asuntos posteriores al Pacto de Bogotá de 1.948. Por tanto, argumentó Chile, la Corte Internacional de Justicia no tendría competencia porque, muy en el fondo, lo que Bolivia está pidiendo es la salida soberana al mar, y ese asunto ya está zanjado.

Esto es una objeción preliminar, lo que en Derecho se llama un problema de forma. Chile en ningún minuto atacó el fondo del asunto. En Derecho interno existe una figura similar, que es la excepción de incompetencia, a través de la cual se intenta conseguir que un tribunal determinado se declare incompetente para conocer de un asunto, porque la ley le asigna la competencia a otro tribunal diferente. Todo fallo judicial debe pronunciarse sobre todas las cuestiones promovidas, pero si llega a declararse incompetente, como debe decir algo sobre el fondo de la discusión de todas maneras, generalmente añade un: "Sobre el fondo de la cuestión, este tribunal no se pronuncia por carecer de la competencia necesaria para ello". Eso significa que un tribunal asumiendo su incompetencia, si es el caso, no le da la razón ni al demandante ni al demandado: no podría hacerlo, porque al no ser competente de conocer un asunto, no puede decidir el mismo ni a favor ni en contra de alguna de las partes. Si la Corte Internacional de Justicia se hubiera declarado incompetente, hubiera sucedido lo mismo: no habría existido pronunciamiento sobre la demanda boliviana, ni a favor ni en contra, y por lo tanto, todo el magnífico asunto hubiera muerto ahí. Como sabemos, no sucedió así.

4.- ¿Qué alegó Bolivia frente a la objeción?

El escrito boliviano en el cual se refirió a la objeción de Chile, en lo esencial remarca que la supuesta obligación chilena de negociar nace de declaraciones y actos jurídicos unilaterales de Chile que son posteriores a 1.948. Es decir, la Corte Internacional de Justicia sí sería competente para conocer el fondo del asunto. Bolivia incluso llega a declarar que respeta el Tratado de 1.904, y no lo está cuestionando de ninguna manera. Y no podría hacerlo: si hubiera dejado la más leve duda al respecto, hubiera abierto un flanco para que la Corte se hubiera declarado incompetente. Lo que sí Bolivia pone en tela de juicio, es que el Tratado de 1.904 haya zanjado el asunto en definitiva, basado en las declaraciones chilenas que ofrecen negociaciones con potencial salida soberana de Bolivia al mar, y que Bolivia interpreta como verdaderas promesas unilaterales.

Esto tiene como resultado que el Tratado de 1.904 en sí mismo no corre peligro. Bolivia reconoce de manera expresa su validez, y en consecuencia, que los límites territoriales, tal y como han sido fijados en 1.904, son válidos. Lo que Bolivia alega no es que se le devuelvan los territorios en razón de invalidar el Tratado de 1.904, o por la ilegitimidad de la invasión de 1.879, sino en razón de las promesas que Chile supuestamente habría hecho a Bolivia, con fecha posterior a 1.948, y que tendrían algún valor jurídico en calidad de actos unilaterales chilenos.

5.- ¿Qué fue lo realmente decidido por la Corte Internacional de Justicia?

Primero que nada, digamos lo que no decidió. La Corte Internacional de Justicia no se refirió, el pasado 24 de Septiembre de 2.015, a la cuestión de fondo, a si Chile tiene o no una supuesta obligación de negociar. Y menos se refirió a si Chile debe entregarle territorio a Bolivia. De manera que todas esas reacciones histéricas en el campo chileno, son injustificadas. El pasado 24 de Septiembre, la Corte Internacional de Justicia se refirió únicamente a si era competente o no. Para decidir, la Corte Internacional de Justicia tenía tres grandes textos: la demanda boliviana, la objeción preliminar chilena, y la respuesta boliviana a la objeción preliminar. Lo que la Corte Internacional de Justicia no tenía a la mano, era la respuesta chilena a la demanda boliviana propiamente tal. Y no podía tenerla tampoco porque Chile no la había presentado; y Chile no la había presentado porque, acogiéndose a la tesis de la incompetencia presentada en la objeción preliminar, de aceptarse ésta (lo que no sucedió, por supuesto, pero la intención era ésa), sería innecesario hacer semejante presentación de fondo que la Corte de todas maneras no hubiera entrado a conocer.

Frente a la objeción preliminar chilena, la Corte Internacional de Justicia tenía tres opciones: declararse competente de plano, declararse incompetente de plano, o considerar que la cuestión está demasiado relacionada con el fondo de la cuestión y por tanto postergar la decisión hasta el fallo definitivo. Lo que la Corte Internacional de Justicia no decidió, ni tampoco podía decidir, es si debe concederse o no la demanda boliviana sobre la supuesta obligación chilena de negociar. Y su decisión fue que sí tiene competencia.

6.- ¿Por qué la Corte Internacional de Justicia se declaró competente?

A la luz de todo lo expuesto, debería ser evidente, pero lo diremos de todas maneras, para que no quede ningún cabo suelto. Toda la cuestión giraba en torno la base que tenía Bolivia para hacer sus peticiones. Como dicha base estaba en hechos posteriores a 1.948, la Corte Internacional de Justicia se declaró competente. Y considerando los antecedentes, en realidad era difícil que la decisión fuera distinta. El Gobierno chileno tenía que decir otra cosa, para salvar la cara, pero en verdad, ningún jurista bien informado podía dar por ganada la objeción de competencia. Lo que no quiere decir que intentarla haya sido un despropósito. Cuando se lleva adelante un juicio, se utilizan todas las armas a disposición, y la objeción preliminar era una, por improbable que fueran sus resultados.

Eso sí, debe tenerse presente los dos fallos disidentes. Usted puede reconocer a un hablador que dice estupideces sin saber de qué está hablando, porque en esta materia enarbola el 14-2, como si los catorce votos fueran favorables a Bolivia y los 2 votos fueran favorables a Chile. A esa gente hay que recordarle que esto es un juicio en donde se exponen hechos, opiniones y razonamientos, no un partido de fútbol en donde se lleva la gloria el que consigue la mayor goleada. En realidad, los 14 votos declararon competente a la Corte, pero técnicamente no fueron decisiones a favor de Bolivia, porque el día del fallo definitivo, bien pueden votar a favor de Chile en la cuestión de fondo. Y los dos fallos disidentes en realidad no votaron por la incompetencia, lo que hubiera favorecido a Chile, sino porque olieron lo mismo en lo que se basó Chile para plantear su objeción: que Bolivia en realidad está tratando de tirar un gancho. Los fallos disidentes argumentan que en realidad, la obligación de negociar parece ligada de manera indisoluble a la demanda territorial, porque en ningún minuto se ha hecho alcance de qué quiere decir Bolivia con la expresión "negociar de buena fe", y por tanto, si el concepto de "buena fe" implica la entrega territorial sí o sí, entonces podría ser que la Corte Internacional de Justicia fuera incompetente, pero para averiguarlo, había que esperar al resultado del juicio. O sea, en realidad el fallo no fue un 14-2 sino un 16-0 a favor de no declarar incompetente de plano a la Corte, aunque por razones distintas: 14 por declararlo competente, y dos porque la decisión estaba demasiado ligada al fondo del asunto, y por lo tanto, hubiera sido preferible postergar la misma hasta la sentencia definitiva.

7.- ¿Cómo incide el fallo en la cuestión de fondo?

La resolución de la Corte Internacional de Justicia lo dejó bien en claro, por escrito y en letras de molde. En el párrafo 33 dice: "A la aserción chilena de que la Aplicación [la demanda, N. de la G.] presenta un marco artificial del tema objeto de la disputa, porque [...] llevaría a negociaciones con un resultado judicialmente predeterminado y una modificación del Tratado de Paz de 1.904, la Corte hace presente que Bolivia no pide a la Corte declarar si tiene derecho a un acceso soberano al mar ni pronunciarse sobre el estatus legal del Tratado de Paz de 1.904. [,..] Incluso asumiendo arguendo que la Corte encontrara la existencia de tal obligación [de negociar una salida soberana al mar, N. de la G.], no sería la Corte quien determinaría el resultado de cualquier negociación que pudiera tener lugar como consecuencia de tal obligación". Así, la Corte ha dejado bien en claro que la cuestión de fondo se referirá únicamente a la supuesta obligación de negociar, porque si fuera más allá y determinara que dicha obligación comprende también un resultado predeterminado, que sería la cesión de territorios chilenos a Bolivia para construir una salida soberana de este país al mar, con ello estarían pasando a llevar el régimen jurídico de 1.904, que para la Corte, por declaración propia, es intocable. Y la Corte remata la faena en el párrafo 36 de su resolución: "[...], la Corte enfatiza que el uso en este juicio de las frases "acceso soberano" y "negociar un acceso soberano" no deberían ser entendidas como expresando cualquier opinión por la Corte sobre la existencia, naturaleza o contenido de cualquier obligación de negociar por parte de Chile".

Por supuesto, la Corte puede cambiar de opinión durante el debate de fondo. Pero hacerlo sería casi obrar como un tribunal canguro. Todo el debate en adelante se va a centrar acerca de si Chile tiene con Bolivia una obligación de negociar que no está cumplida, no sobre si Chile debe ceder o no territorio a Bolivia. Pero, eso sí, vale lo observado por los jueces disidentes: Bolivia considera que la obligación es "negociar de buena fe", y el contenido mismo de lo que se considera "buena fe", no está precisado. Por supuesto, semejante indefinición es muy conveniente para Bolivia, que puede rellenarla de contenido según se le antoje. Una manera de entenderlo es que "buena fe" sería el obrar de manera leal, con plazos idóneos, hablando con la verdad, etcétera, lo cual por supuesto es plenamente razonable. Pero si entendemos por "buena fe" que hay un resultado final predeterminado, cual es la entrega soberana de territorios, y que lo único a negociar en realidad sería cuáles territorios y a cambio de qué, entonces sí que la Corte estaría conociendo más allá de su competencia, porque Bolivia no le ha pedido concesiones territoriales... y no podría haberlo hecho porque, de lo contrario, la Corte hubiera tenido que declararse incompetente en el acto. Si por lo tanto Chile es condenado a negociar, y de las negociaciones no emerge una salida soberana al mar para Bolivia, y Bolivia reclama esto como un signo de mala fe chilena, entonces serían los propios bolivianos los que estarían obrando con la mala fe que acusan a los chilenos, porque estarían dándole al fallo un contenido que ellos mismos no demandaron (ni podían hacerlo) en primer lugar. Así, aunque esta resolución en la superficie parece favorable a Bolivia, en realidad acota bastante su campo de acción futuro, y en los hechos prácticamente vacía de contenido sus verdaderas pretensiones: la expansión territorial a costa de territorio que ha sido chileno durante más de cien años.

8.- ¿Qué estrategia debería seguir Chile para defenderse de Bolivia?

En lo principal, y sin descartar otros posibles argumentos, Chile debería profundizar aún más en este punto abierto por la resolución de la Corte, respecto de que la misma no puede tocar asuntos de límites. Debería insistir y remachar en la relativa (y muy conveniente para los intereses bolivianos) indefinición de la demanda respecto de cuál es el contenido de la buena fe en la supuesta obligación de negociar. Debería dejar bien en claro que, supuesto de que exista dicha obligación, la tal buena fe sólo puede alcanzar a la negociación en cuanto tal, y no al resultado de la misma. Y debería añadir que la sola invasión militar de 1.879 sobre territorio boliviano no alcanza a configurar mala fe para Chile, porque esa situación quedó saneada por el Tratado de 1.904 primero, y por el paso de más de un siglo de tiempo después, en que todas las conversaciones y arreglos se han planteado sobre la base de reconocer el Tratado de 1.904 como el régimen territorial de base, y cualquier cesión de territorio chileno como una modificación del régimen de 1.904, no como un regreso al estado anterior a 1.879. Por supuesto que esto implica reducir la demanda boliviana a un completo sinsentido, pero eso es lo que hemos venido remachando de manera cansina una y otra vez a lo largo de este texto: que la única manera en que la demanda boliviana pueda tener algún sentido práctico, es entenderla como un recurso solapado para conseguir de manera mañosa que Chile le ceda territorios soberanos, y tal cosa no sólo es contraria a Derecho, sino que además la propia Corte en su resolución sobre la objeción preliminar, la ha advertido a pesar de declararse competente.

En definitiva, de todo lo anterior debería quedar claro que el triunfalismo de Bolivia es prematuro, y la reacción divisiva en Chile es injustificada. Considerando la respuesta boliviana a la objeción, la decisión de la Corte era casi predecible. Y más aún, no es desfavorable a los intereses chilenos, sino que por el contrario, reafirma la idea de que la soberanía territorial chilena no ha estado, no está ni estará tampoco en juego. No es un triunfo completo para Chile, de todas maneras. Los juicios no son otra cosa sino guerras civilizadas, y en las guerras, civilizadas o de otra clase, no hay manera de saber quién va a ganar sino hasta observar quién fue el último que quedó en pie. Así, pronosticar en qué va a acabar es imposible. Pero por el minuto, el portafolios chileno se ve bien aspectado en la contienda. Ahora, para los chilenos, todo queda en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores; aunque considerando el penoso historial de dicha cartera, eso debería ser un cierto motivo de preocupación.

2 comentarios:

Lore dijo...

Yo creo que en realidad Bolivia se mando el tremendo gol. El objetivo de bolivia es cambiar el status quo, cualquier resultado que cambie la situación actual es un triunfo para ellos. El objetivo de Chile es lo contrario, cualquier cambio por mínimo que sea, aunque no implique cesión de territorio es una derrota.
Ahora el tribunal se declara competente porque efectivamente chile negoció con Bolivia varias veces después de 1948. Eso hace que las posibilidades de que bolivia nos lleve a negociar de nuevo sean bastante grandes, alegando que estas negociaciones quedaron inconclusas. Ya una vez entrando en mesa de negociación, esta debe producir algun cambio en el estatus quo, de lo contrario bolivia puede alegar que chile actuó de mala fe ya que nunca en realidad quiso negociar. Tampoco esta negociación puede resolverse con mejorar la conectividad y la facilidades arancelarias para que bolivia ocupe los puertos chilenos ya que la misma demanda zanja que el tema negociar es un acceso soberano. La demanda entonces debería resolverse con un cambio limítrofe, sin que este tenga ninguna relacion con la realidad antes de la guerra del pacifico, como por ejemplo un corredor en alguna parte del norte grande a definir.
Si yo fuera parte del equipo jurídico chileno me adelantaría y pensaria en garantizar una cesión territorial boliviana a cambio de una chilena, que nos permita un beneficio importante, como por ejemplo un corredor hasta paraguay para importar energia electrica sin pasar por argentina ni Bolivia.

Guillermo Ríos dijo...

El punto es que hasta el minuto, no ha habido ningún cambio en el status quo. El tribunal se declaró competente, pero no resolvió sobre el fondo. Y como lo dice la propia Corte, lo hizo sobre las bases de que no hay una discusión sobre el territorio.

Ahora bien, eso no quiere decir que sea implausible el escenario según el cual la Corte declara la supuesta obligación de negociar (que no debería, pero puede ser), las negociaciones llegan a punto muerto, y Bolivia reclama una solución arbitral que termine, en efecto, con una cesión territorial. Es por eso que insisto tanto en que los juristas chilenos deberían alegar y dejar bien de manifiesto que la exigencia boliviana de una negociación de buena fe es una obligación de contenido indeterminado, y por ende, no se puede cumplir.

En Derecho, uno de los requisitos esenciales para la seguridad jurídica, es que el contenido de las obligaciones esté bien determinado (por ejemplo, fulano de tal me debe un millón de pesos), o a lo menos sea determinable a través de mecanismos precisos (fulano de tal me debe un millón de pesos hace tres años, más el interés corriente decretado por el Banco Central en el período intermedio, y el reajuste correspondiente a la variación del índice de precios al consumidor en idéntico período), para que el deudor sepa con claridad cuánto es lo que debe, y tenga la seguridad de que no se le va a cobrar de más. Con las obligaciones de hacer (como lo sería la supuesta obligación chilena de negociar) sucede otro tanto. Si una banda pacta realizar una serie de conciertos (una obligación típica de hacer), por ejemplo, no basta con decir que la misma se obliga a presentarse; debe además quedar definido cuántos conciertos, en qué fecha y en qué lugar, porque de lo contrario, si no hubiera precisión sobre tales aspectos, la banda no podría cumplir a cabalidad con su obligación.

Y ahora que la Corte excluyó de manera explícita como parte de los contenidos de la supuesta obligación, que dicha supuesta obligación incluye un resultado predeterminado, ahí existe una palanca bastante poderosa, que pueden y deberían utilizar los juristas chilenos para hacer valer su posición frente a la demanda boliviana.

Related Posts with Thumbnails