domingo, 13 de septiembre de 2015

7 reformas que son urgentes en Chile.

Marcha estudiantil en Santiago de Chile, en Mayo de 2.015 (fuente).
Acá en la Guillermocracia, hemos publicado ya algunos artículos acerca de si en Chile le deberían decir que sí o que no a las reformas. Nos hemos referido en dos posteos en particular al tema de una nueva Constitución (¿Es realmente necesaria una nueva Constitución para Chile?, y Por qué una nueva Constitución no va a cambiar a Chile). Pero con independencia de la posición acerca de una nueva Constitución, lo cierto es que el modelo sociopolítico de Chile se encuentra agotado. Chile es uno de los países con mayor desigualdad en la distribución del ingreso dentro de las naciones desarrolladas del mundo, y eso tiene dos efectos negativos. Por un lado, es un desincentivo para el emprendimiento empresarial, para el surgimiento de nueva sangre, porque la concentración de la riqueza hace muy difícil el desafío a los grandes, y esta supresión de la competencia redunda en autocomplacencia y en la pérdida del afán innovador. Por el otro lado, es una fuente potencial de tensiones sociales, ya que por usar esa palabra tan cara a los economistas que es incentivo, la diferencia de riquezas genera tales incentivos para ir a tomar dicha riqueza por la fuerza, por parte de quienes tienen poco en contra de quienes tienen mucho, debido a que a mayor desigualdad, menos tienen que perder y más que ganar los inútiles subversivos. La única manera de evitar esto es: reformas. Las reformas adecuadas, bien pensadas, bien estructuradas, pero reformas. El único lujo que no puede permitirse Chile es justo el no hacer nada, el seguir con lo mismo, en la autocomplacencia mostrada por ciertas personas encantadas de conocerse a sí mismas gracias al refuerzo de grupo. Y aquí en la Guillermocracia, plantearemos las que a nuestro juicio son las ocho más necesarias y urgentes. Algunas son más fáciles de implementar, otras no tanto. Pero todas ellas son necesarias. Y a continuación, sin más trámite, las ocho de la fama.

1.- La previsión: Los problemas de la capitalización individual.

En Chile, el sistema de previsión es de capitalización individual, y es administrado por entes privados llamadas las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones). Esto significa que las jubilaciones y pensiones se pagan con lo que el trabajador ha ahorrado en vida, sin aporte empresarial o estatal externo. O dicho de otra manera, sin transferencias desde quienes cotizan más, hacia quienes cotizan menos. Este sistema fue introducido en 1.981; antes el sistema era de reparto, en donde instituciones estatales llamadas las cajas pagaban las jubilaciones, las cuales se financiaban con los impuestos. En el sistema antiguo habían pensiones relativamente dignas para todos, mientras que en el sistema actual, las pensiones tienden a ser bastante más miserables. Esto es consecuencia directa de la concentración de la riqueza: si la riqueza está concentrada, entonces hay muy pocas posibilidades de que las personas, con sus propias fuerzas y capacidad de trabajo, aumenten su propio nivel de ingresos hasta un punto que obtengan una pensión digna. A esto debe sumársele las gruesas mordidas que aplican las AFPs a las pensiones de los afiliados, so pretexto de descontar gastos de administración. Se supone que estos gastos tienden a bajar porque las AFP, al ser privadas, compiten entre sí, pero en la realidad económica nacional el mercado se reparte entre apenas seis de ellas (Cuprum, Habitat, PlanVital, ProVida, Capital y Modelo), de la casi veintena que partieron en 1.981, por lo que la competencia es mínima y los incentivos a rebajar los gastos de administración en beneficio de los afiliados, también son mínimos. Además, los afiliados son un público cautivo porque todos ellos deben cotizar por mandato legal, si están trabajando, de manera que ni siquiera pueden salirse del sistema. La única manera de evitar todo esto, es aplicar estrategias de reparto. Sin embargo, esto tiene un límite. En la actualidad, la población chilena está envejeciendo, y eso significa que financiar las pensiones de la tercera edad saldrá de un costo mucho más significativo para la población laboralmente activa, de lo que era hasta 1.981. Por lo tanto, es muy posible que la solución sea un sistema híbrido, a medias de capitalización individual y a medias de reparto. Lo que sí está resultando insostenible en términos económicos, es dejar las pensiones de las personas en manos de instituciones privadas que han obtenido un virtual monopolio por gracia de la ley.

2.- La salud: Hacer que los seguros funcionen.

En la actualidad, existe un sistema doble en materia de salud. Por un lado están las ISAPREs (Institututo de Salud Previsional), que ofrecen planes a sus afiliados a cambio de las cotizaciones que se les descuentan a éstos por sus ingresos, y por el otro lado está FONASA (Fondo Nacional de Salud), que es el sistema residual y funciona con el clásico sistema de reparto. El problema es que las Isapres, siendo empresas privadas, tienen incentivos enormes para mantener a sus afiliados dentro mientras están sanos y cotizando, para después expulsarlos cuando están enfermos. El sistema de Isapres tiene su lógica si se lo ve como una institución que proporciona salud, o que debería proporcionarla a lo menos, pero no tanto si se lo ve desde la perspectiva de lo que verdaderamente son, en términos jurídicos. Porque muy en el fondo, las Isapres en Chile funcionan como verdaderas empresas que gestionan seguros de salud, en donde la cotización funciona como la prima, y pagar las atenciones médicas funciona como el seguro. Suena bien, si se piensa que los seguros tienen un régimen más o menos restrictivo, no todo el que debería ser, pero con cierta seriedad; el problema es que las Isapres, frente a los seguros, tienen una enorme cantidad de libertades: reciben sus cotizaciones de manera directa y por mandato legal, pueden cambiar los planes de manera relativamente arbitraria, y tienen una enorme libertad para expulsar a sus afiliados enfermos, lo que en teoría está prohibido, pero que se transforma en permitido en la práctica debido a los altos costos de reclamar. ¿La solución? Transparentar el sistema en la forma que de verdad tiene, de una coexistencia entre un sistema de reparto (FONASA) y uno de capitalización individual (Isapres), hacer obligatoria la pertenencia a FONASA para todos los chilenos sin excepción, fortalecer las prestaciones de FONASA hasta ser un verdadero plan universal de salud por supuesto, incluyendo hacer obligatorio para todos los médicos y centros clínicos el atender a gente por FONASA, y dejar a las Isapres con un rol subsidiario, como empresas especializadas en seguros de salud que ofrecen sus servicios en adición sobre las prestaciones básicas de FONASA y no como alternativa a las mismas, como ocurre hoy en día.

3.- Política: La opacidad de las donaciones para campañas políticas.

En Chile hay una enorme opacidad en el pago de campañas políticas. Tanto, que cuando estalló el caso SQM (Soquimich), en que la empresa financió a políticos de todo el espectro, el asunto llegó a los tribunales del crimen. El problema no es que se hicieran estos pagos, sino que éstos ni siquiera se conocían, por no hablar de los malabares tributarios y la contabilidad creativa detrás de los mismos. La única solución es simplemente crear un órgano estatal que obre como intermediario entre las donaciones y los contribuyentes: todo gasto electoral debería ser hecho por ese órgano, bajo mandato de los candidatos, y hasta el límite de los fondos que se le hayan donado, y toda contribución electoral debería ser hecha a ese órgano, con la instrucción precisa de financiar a tal o cual candidato, y no al candidato mismo. Obviamente, dicho órgano debería mantener un registro de quiénes financian y con cuánto dinero, así como de cada gasto efectuado con dichos dineros; y ese registro debería ser público, para que cualquiera pueda consultarlo, sacar sus cuentas, y detectar posibles conflictos de intereses. Y por supuesto, los donantes deberían ser personas naturales: después de todo, las empresas no votan, y además, siendo empresas, se genera una duplicidad en la que sus gestores, siendo personas naturales, pueden contribuir tanto por sí y a través de las empresas.

4.- El trabajo: La huelga casi no existe en Chile.

Digámoslo de manera cruda: en Chile no existe un verdadero derecho a huelga. En primer lugar, ésta debe ser aprobada de acuerdo a ciertos trámites y quórums de votación. Después, el empleador puede contratar trabajadores de reemplazo, con lo que el objetivo mismo de la huelga como herramienta de presión pierde sentido. Si no hay acuerdo, el empleador tiene el poder de imponer el último convenio colectivo, por lo que en definitiva, una huelga puede no servir para nada. Y en última instancia, el empleador puede extender un convenio colectivo a los trabajadores que no participaron en la huelga, lo que favorece el oportunismo de quienes se suben a la huelga, o se suben y luego se bajan, debilitando a los trabajadores que sí arrostran eventuales represalias posteriores por parte de la empresa. En definitiva, la huelga en Chile es un chiste. Esto quiere decir que, en definitiva, en el mercado laboral los empleadores imponen las condiciones que quieren, porque no hay fuerza capaz de contrarrestar esto. Luego, esas gentes se sorprenden de que la gente salga a las calles para protestar. Un tip: el conflicto social no desaparece porque se lo barre de la alfombra. Una vez instalado el conflicto social, hay que resolverlo, y la mejor manera de hacerlo es canalizarlo. Y es mejor canalizarlo a través de un derecho a huelga fortalecido que permita negociar mejores condiciones laborales, ponga más dinero en el bolsillo de los trabajadores, para que después esos mismos trabajadores invertirán en mejorar su nivel de vida, activando de paso la economía, que a través de gentes marchando ante el Congreso Nacional.

5.- Descentralización: Esa tarea eternamente pendiente.

El cuarenta por ciento de la población de Chile vive en Santiago. Los resultados están a la vista. Todo lugar de Chile que no sea Santiago es provincia, con pocos espectáculos o ninguno, menos entretenciones, menos vida cultural, etcétera. En Santiago mismo, por otra parte, el hacinamiento hace que las distancias sean enormes y en general sea un infierno habitacional. Hoy en día, una persona viaja más rápido desde el terminal de buses de Santiago al de Valparaíso, capital de la Quinta Región, que dentro del mismo Santiago de una punta a otra. Esto genera un escenario de saturación en Santiago, versus provincias subexplotadas e infradesarrolladas, tanto en recursos naturales como industria y servicios. La única solución es aplicar incentivos tributarios a mansalva. Una interesante manera de esto sería que las personas naturales, en sus declaraciones de impuesto a la renta, accedan a un trato tributario distinto según cuál sea la región en donde tengan su residencia principal (es decir, no su residencia de veraneo, su domicilio comercial o una casita entregada en arriendo), puedan pagar menos impuestos. Así, los habitantes de las regiones menos pobladas podrían verse con importantes beneficios tributarios, y las más pobladas se verían gravadas con los mismos. Otra posible solución es aplicar tal escala de beneficios y castigos tributarios vía declaración del IVA (Impuesto al Valor Agregado), siempre y cuando se pueda localizar el IVA en una región precisa, o sea, no aplicándoselo a las personas naturales o jurídicas que declaren IVA por negocios en dos o más regiones. Todo lo anterior haría más costoso vivir en Santiago o las ciudades más pobladas y desincentivarían el emigrar a las mismas, y harían más rentable vivir en las regiones más pobladas, fomentando así su poblamiento y explotación. La posibilidad del tratamiento diferenciado de impuestos para distintas regiones del país tiene un tratamiento ambiguo dentro de la Constitución Política de la República: su artículo 19 número 20 pareciera permitirlo bajo ciertas circunstancias, pero el artículo 19 número 22 pareciera prohibirlo. Con independencia de si en Chile se dicta una nueva Constitución o no, aquí hay un bonito punto a reformar dentro de la que actualmente existe.

6.- Educación: La cantidad de alumnos por sala.

A estas alturas del partido, esto que decimos acá no es una novedad para los lectores habituales de la Guillermocracia. Lo dijimos en La propuesta mágica en educación, y lo reiteramos en Aprendiendo a porrazos: 7 razones por la que la reforma educacional chilena no reformará nada. Pero no por eso, es menos necesario. Y lo repetiré de nuevo. No es posible una buena educación con cuarenta alumnos por sala de clases, cual es la cifra que existe en el sistema público chileno, y en no poca cantidad de establecimientos particulares. Eso genera estudiantes desordenados y cubiertos por el anonimato, profesores estresados, incapacidad para atender a los pupilos de manera personalizada, etcétera. Es necesario bajar la cantidad de alumnos por sala de clases a un máximo de veinte. Cueste lo que cueste a los dueños de colegios y al Fisco de Chile. Es una medida fácil de decretar, que aparte del costo monetario no ofrece mayores dificultades logísticas para implementar si se conceden uno o dos años de gracia para readecuar los establecimientos educacionales, y sus beneficios inmediatos serían inmensos para la calidad de la educación. Ya lo saben, lo repetimos una vez más: veinte alumnos por sala de clases. Veinte. Ni uno más.

7.- Televisión: La cultura de la basura.

Hoy en día, en Chile, existe libertad absoluta para que cada canal de televisión emita los contenidos que se le antoje. ¿Resultado? Un montón de televisión basura, llenos de matinales insubstanciales, realities que fomentan antivalores, teleseries sin mayores valores de producción, y noticiarios que desinforman. Existen ciertos límites, como que por ejemplo la televisión no puede transmitir contenidos xenófobos, racistas, sexistas, etcétera, pero esto es un chiste: en caso de infracción, lo único que sucede es que el canal se lleva una multa no demasiado alta, y después todo sigue como siempre. El contacto de mucha gente con el mundo es a través de la pantalla de televisión, y a través de ella, los chilenos reciben un montón de basura que crea adultos que son analfabetos funcionales, ancianos que viven temerosos del mundo, y adolescentes inmersos en una cultura llena de antivalores tales como el consumismo, el narcisismo y el todo vale. El gran antídoto en contra de eso es la televisión cultural. No se trata por supuesto de que todos los canales de televisión programen testimonios de la Segunda Guerra Mundial, documentales sobre ovíparos o conciertos de Beethoven veinticuatro horas al día durante todos los días del año. Pero sí imponer por ley, la obligación de que se dedique una cantidad de horas al día, quizás dos o tres, y no en el horario de trasnoche o el de madrugada, para programación cultural. Eso incentivaría a la gente a ver otras cosas más interesantes o de mayor profundidad, y ayudaría a entregarle otra clase de valores. No tiene por qué ser tampoco un documental de viejo estilo, con un locutor de voz grave explicando de manera cansina los misterios esotéricos de tal o cual compositor, o refiriéndonos las apasionantes proezas sexuales de tal o cual plumífero de Madagascar. Un programa de estilo fresco y refrescante puede funcionar igual de bien e incluso mejor, en cuanto a transmitir contenidos. Pero lo importante es abrir la brecha, que se acabe la uniformidad de contenidos que hoy en día apuntan al mínimo común denominador. Frente a eso, por supuesto que habrá quienes reclamen que es un atropello a las libertades, que los canales deben financiarse, etcétera. Frente a eso, hay una sola respuesta posible: vivir en democracia implica no sólo tener libertades, sino también responsabilidades, y éstas se ejercen a través de las limitaciones que se imponen al libre arbitrio. La palabra responsabilidad no es una que se oiga con gusto en Chile, pero esa dolencia tiene cura: una televisión cultural que transmita valores de verdad, es una de las posibles medicinas recetadas para esta dolencia en particular.

2 comentarios:

Martín dijo...

Aquí sí que hay harto que comentar... Vamos en orden:
- En cuanto a las AFP, vale recordar que inventaron la rentabilidad negativa (lo que en el resto del mundo se llama pérdidas) ya que por ley están obligadas a dar siempre rentabilidad, y así encontraron la manera de saltársela.
- Salud: ¿sabías que las camas de hospital no valen lo mismo para el Estado, según quien las provea? Mientras que a los hospitales públicos se les pagan entre 70 u 80 mil pesos por día, en las clínicas privadas (cuando por programas como el auge deben contratarlas) el Estado paga en promedio, 10 veces más. Y sin hacer ningún reclamo.
- Sobre el financiamiento de campañas, basta decir con que al senador que pedía transparentarlas lo sancionaron, y a los que están confesos - o sorprendidos prácticamente in fraganti - no les ha pasado nada.
- Chile es (o era hasta hace muy poco) uno de los pocos países en los cuales, en algunos casos, se debe pagar por trabajar (como los empaquetadores). No es un gran monto, pero, cómo decirlo, es la intención lo que cuenta aquí.
- ¿No temes que te quemen Beyer y cía., por la propuesta de los 20 alumnos por sala? Eso implica de partida, que en Chile no sobran profesores, sino que incluso estarían faltando (recuerda que cada cierto tiempo algunos "expertos" y alcaldes vuelven a repetir la idiotez de decir que no se pueden adecuar los costos si no se pueden echar profesores en invierno, cuando faltan más alumnos). Además, obligaría a un financiamiento basal, o a elevar la subvención a niveles intolerables para sectores derchistas o ministeriales.
- Con lo de la televisión me acordaste de los "Les Luthiers", cuando en una rutina mencionaban al programa "Cultura para Todos", en su horario habitual de las tres de la mañana...
En otro aspecto, también he escuchado que la televisión estatal debiera recibir un aporte que la liberara del autofinanciamiento (que por otro lado, últimamente no lo está consiguiendo), y quién sabe, a lo mejor incluso se vuelve más rentable.

Guillermo Ríos dijo...

Sobre las AFP, en estos mismos días salió la noticia de que una comisión recomendaba algo parecido a lo que escribo yo, un sistema tripartito en que el trabajador pone una parte, la empresa pone otra, y el Estado una tercera. Ahora, que una reforma así vaya a sobrevivir al todopoderoso lobby de las AFPs...

Lo de las camas de hospital, la verdad es que lo ignoraba, pero no me extraña en lo absoluto.

Sobre el financiamiento de campañas, lo que he escrito es lo mismo que los expertos vienen demandando desde el proyecto de transparencia de 2.003 (año más o año menos), y que viene siendo ignorado de manera consistente. Ahí tienen los resultados.

Sobre pagar por una plaza de trabajo, he escuchado, pero no sé en qué estará eso ahora.

Y despreocúpese, que no me van a quemar por mi propuesta ni nada. Aquí en Chile no se quema a nadie, sólo se ningunea y se ignora.

En todas las naciones civilizadas, la televisión pública es financiada con fondos públicos, precisamente, porque la idea es que se construya como alternativa al discurso de los privados que, por supuesto, van a tender a buscar su propia rentabilidad, y a satisfacer una agenda social propia que no tiene por qué coincidir con la de la ciudadanía en su conjunto. Por supuesto, forma parte de cierto discurso "social" que "el Estado es ineficiente" o "los funcionarios estatales son sinvergüenzas que se roban el país para la casa", para defender que la televisión pública se autofinancie, y así desarmarla.

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