miércoles, 18 de septiembre de 2013

Representatividad en Chile: su crisis.


Las elecciones presidenciales a finales del 2.013 en Chile presentan un rasgo inédito: nunca antes en la historia republicana hubo tantos candidatos presidenciales. El listado completo incluye a Michelle Bachelet por la Concertación, aunque dicho conglomerado político trate por todos los medios de ser llamado la Nueva Mayoría, a Evelyn Matthei por la Alianza, a Marcel Claude por los humanistas, a Marco Enríquez-Ominami en su segundo intento de asalto al poder, a Ricardo Israel, a Tomás Jocelyn-Holt, a Roxana Miranda por los deudores hipotecarios, a Franco Parisi, y a Alfredo Sfeir Younis. Son nueve en total.

Y es muy posible que tenga que ver con el cambio de sistema electoral, a uno de inscripción automática y voto voluntario. Es posible que la legión de candidatos minoritarios apueste quizás no a ganar, pero sí a captar votos suficientes entre quienes antes no estaban inscritos ni votaban, como para consolidarse como referente político alternativo al duopolio clásico entre la Concertación y la Alianza, que ha marcado el sistema político desde 1.990. Después de todo, es una elección que parece prácticamente ganada para Michelle Bachelet, y la única gran incógnita a despejar es si ella ganará en primera vuelta por mayoría absoluta, o correrá a segunda vuelta con Evelyn Matthei, quien lleva apenas un 12% de las preferencias de la CEP, pero se beneficia de ser la única candidata derechista, mientras que el grueso de los candidatos alternativos intentan más bien captar el voto de izquierda. Es sabido que en Chile, los desafectos que no votan tienden a alinearse con la izquierda, después de todo.

Pero todo esto es un síntoma de algo mucho más profundo: la incapacidad del sistema jurídico y político chileno para asegurar una adecuada representatividad a la gente. Hay una razón por la cual, desde la Revolución Pingüina de 2.006, las manifestaciones en las calles han ido cobrando cada vez más relevancia, y también violencia. Las manifestaciones no eran desconocidas en la década de 1.990, pero tendían a ser únicamente por cuestiones gremiales: una marcha de los profesores, otra de los funcionarios públicos, otra de los deudores habitacionales, etcétera. Lo que cambió, además de incrementarse la masividad de las marchas, es que las reclamaciones de los manifestantes dejaron de ser sectoriales: ahora es el sistema mismo el que está bajo fuego. Con mayor o menor razón, pero bajo fuego.

Recordemos que Chile es, técnicamente, una democracia representativa. Pero hay una verdad evidente: si la gente necesita salir a la calle para sentir que se hace oir, es síntoma de que no siente que el sistema político, económico o social lo represente. De lo contrario bastaría con votar y ser buenos ciudadanos, y las manifestaciones en las calles serían mucho más soterradas.


La noción pobre de democracia en Chile.

Le dedicamos un largo artículo en la Guillermocracia al sistema binominal, y las razones por la que dicho sistema debería cambiar. A la hora de escribir este artículo está gestionándose en el Congreso Nacional un proyecto de reforma al sistema electoral, a fin de introducir elementos más progresivos dentro del binominal, en concreto aumentar la cantidad de cupos en algunos distritos electorales. Por supuesto que no es seguro hablar sobre un proyecto que todavía está en trámite, pero por lo que puede atisbarse, en realidad es un parche que no cambia la realidad de fondo: la mayor parte de las circunscripciones electorales siguen eligiendo dos cupos, y por lo tanto las terceras mayorías siguen siendo excluidas. Es una apertura a una mayor proporcionalidad, pero una apertura tímida, una aperturita simpática, para que el sistema cambie pero no cambie mucho.

Pero el sistema binominal es la punta del témpano; después de todo, aunque terceras y cuartas mayorías queden excluidas, sigue siendo la ciudadanía la que con su voto decide a los dos primeros, y si ellos han sido la Concertación y la Alianza desde 1.990, es porque los propios ciudadanos así lo han querido. Más grave aún es la falta de mecanismos de participación ciudadana dentro de la Constitución Política de la República.

La cuestión es que la Constitución Política de la República sólo reconoce una forma de activismo político: votar en elecciones y plebiscitos. El resto de la actividad política debe ser canalizado a través de los partidos políticos. Se reconocen opciones a los independientes, pero se les pone tantas trabas que en el fondo este reconocimiento es testimonial. Por ejemplo, gracias al sistema binominal, una lista mayoritaria que consiga doblar a la otra logra automáticamente sacar su segundo candidato más votado sin que importe cuánta votación saque: dicho segundo candidato podría teóricamente obtener un miserable 1% de los votos, y salir elegido por arrastre si el otro candidato en solitario consigue doblar a la segunda lista. En cambio, un independiente para salir elegido debe obtener a lo menos el 33,4% de los votos, para impedir el doblaje de la lista mayoritaria y asegurarse el cupo (puede lograrlo incluso con menos, pero debe ser la segunda mayoría, y además la lista más votada no debe alcanzar el 66,7% de los votos).

La Constitución Política de la República mantiene una noción pobre de democracia, en la cual toda la participación ciudadana se limita a elegir a los titulares de determinados cargos públicos, para que después éstos gobiernen como les plazca. Existen pesos y contrapesos, por supuesto, como por ejemplo las acusaciones constitucionales, pero nadie está demasiado dispuesto a utilizarlas por la misma razón que en la saga de El Padrino las principales famiglie eran en principio reacias a disparar primero contra alguna famiglia rival: porque el que dispara primero, puede recibir segundo.

Por su parte, mecanismos tales como la iniciativa popular de ley, o el Ombudsman (una especie de fiscal nacional y popular sobre el mundo político) no existen en Chile. Lo más cercano a un Ombudsman en Chile es el Consejo para la Transparencia, cuyas funciones tienden a limitarse a cuestiones de información, pero muy poco más allá. Incluso la propia convocatoria a plebiscito en Chile es relativamente restringida, y de hecho, más allá de algunos plebiscitos comunales, el último plebiscito general efectuado en Chile fue el de 1.989, para aprobar o rechazar las llamadas 54 reformas constitucionales; desde la fecha en adelante, ninguna ley o reforma constitucional ha sido plebiscitada.


La desprotección de los consumidores.

Ningún libre mercado puede funcionar sin consumidores. En Economía, un mercado es justamente el punto de encuentro entre productores y consumidores, de manera que no puede haber libre mercado u otro mercado de alguna clase sin consumidores. Y aún así, la legislación en materia de consumidores es, cuando menos, precaria.

Hasta la década de 1.990, las grandes leyes sobre la materia eran el Código Civil y el Código de Comercio; si mencionamos que el primero entró en vigencia en 1.857 y el segundo en 1.875, el lector podrá hacerse una idea de cuán ajustadas estaban dichas normas a la realidad comercial contemporánea. Aunque en realidad, ya en dichos códigos existían los gérmenes de la protección a los consumidores, instituyendo elementos tales como los vicios redhibitorios (la posibilidad por parte del comprador de anular una compra por defectos que el vendedor no explicitó) o la obligación de cumplir los contratos de buena fe. Pero los procedimientos judiciales respectivos eran complejos, lo que sumado a la escasa creatividad de la jurisprudencia para adecuar leyes antiguas a necesidades modernas (dando paso a la clásica expresión de la falta de creatividad jurídica: no hay una ley para esto), hacía que los consumidores estuvieran más bien en la indefensión. Porque mucha debe ser la percepción de desvalimiento de los consumidores como para que los administradores de la cadena de retail La Polar hayan creído que se iban a salir con la suya con el monstruoso abuso de repactar unilateralmente las deudas crediticias de sus clientes, hasta que en 2.011 fueron llevados a juicio por esto.

Se supone que todo cambió con la promulgación de la Ley 19.496 (cuyo nombre completo es Establece Normas Sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, pero vulgarmente conocida como Ley del Consumidor). Dicha ley buscó clarificar los derechos y obligaciones de productores y consumidores, así como crear procedimientos más ágiles y expeditos para salvaguardar a los consumidores potencialmente abusados por los productores. Dicha ley representó una importante mejoría para los consumidores, pero aún así no se trata de una protección perfecta.

En primer lugar, la Ley del Consumidor se aplica sólo si la actividad comercial en cuestión no está regulada por una ley especial. En los hechos, cuando esta ley se encontraba en trámite, hubo importantes presiones para dejar fuera de la misma a tal o cual rama de la actividad comercial. En 2.004 hubo una reforma a la ley que permitió aplicar la Ley del Consumidor a situaciones relacionadas con la educación, explicitación cuya necesidad resulta en un ridículo surrealista si se considera que el modelo educativo chileno entero se basa en el concepto de que la educación es un bien de consumo. Por suerte, como hemos observado, los legisladores han tomado nota y han ido ampliando poquito a poco el campo de protección de la Ley del Consumidor, pero ha sido a pasos pequeños y con cuentagotas.

Además, los tribunales encargados de gestionar los reclamos del consumidor son los Juzgados de Policía Local. Hay varias razones que hacen aconsejable esta competencia, incluyendo que el procedimiento ante Juzgados de Policía Local es más informal, y además es más adecuado para asuntos que en general son de poca cuantía. Pero justamente esta informalidad hace que cada Juzgado de Policía Local desarrolle sus propios tics y manías; además, los Juzgados de Policía Local no forman parte del Poder Judicial sino que son responsables ante la Municipalidad dentro de la cual tienen competencia, lo que tiene importantes consecuencias disciplinarias por supuesto. Las Municipalidades son organismos políticos, mientras que el Poder Judicial es independiente (o eso se supone, a lo menos), por lo que un Juzgado de Policía Local en teoría es mucho más susceptible a las presiones de pasillo que los otros.

Además, el SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor) carece de mayores atribuciones. Puede hacerse parte en un juicio, pero no tiene atribuciones de fiscalía. Es decir, si se entera de una infracción a los derechos del consumidor no puede iniciar un juicio por sí mismo, debe por fuerza esperar a que lo haga el consumidor mismo para hacerse parte (lo que le es facultativo, no obligatorio), o bien hacer la denuncia ante otra autoridad diversa. Por suerte, una modificación a la Ley del Consumidor obliga a los bancos e instituciones financieras a que sus contratos de adhesión (aquellos que al consumidor sólo le resta firmar o negarse a hacerlo, sin posibilidad de negociar las cláusulas, y que por lo general vienen en formato de contrato tipo y genérico preimpreso) a llevar una aprobación que es el sello SERNAC. Algo es algo.

Y por último, en Chile las empresas que perjudican a sus consumidores sólo se ven obligadas a una indemnización de perjuicios y a una multa. Es decir, si el departamento de contabilidad saca la cuenta de que pagando dichas indemnizaciones y la multa tiene una pérdida inferior a la ganancia total que obtendría con su actividad perjudicial, entonces la empresa lo haría igual porque aún le quedaría un margen de ganancia. Supongamos que una empresa decide repactar unilateralmente un contrato, y estima una ganancia de 200 millones de dólares, versus un gasto de 50 millones de dólares en indemnizaciones, porque no todos los clientes perjudicados van a tomarse la molestia de demandar, y otros 50 millones en multas y penalizaciones. A la empresa le sigue quedando una utilidad neta de 100 millones de dólares, por lo que en términos contables le conviene incurrir en el ilícito porque de todas maneras, sancionada y multada, sigue obteniendo una ganancia de ello. Es la versión corporativa empresarial del cálculo del narcotraficante: el beneficio de traficar droga compensa con creces el riesgo de ir a la cárcel (si fuera lo contrario, no habría narcotráfico en primer lugar).

Este ejercicio contable en Estados Unidos es mucho más difícil porque allá la legislación autoriza también a sancionar a las empresas con un daño punitivo, que es justamente privarles de dichas ganancias adicionales, para evitarles la tentación de incurrir en conductas dañinas contra sus consumidores para maximizar sus ganancias optando por asumir el costo de las indemnizaciones. El daño punitivo en Chile no existe, sólo existe el daño emergente (el daño efectivo), el lucro cesante (las potenciales ganancias que se han dejado de percibir por un daño ocasionado por un tercero) y el daño moral, tipificados en el señorial Código Civil de 1.857.


La libertad de los trabajadores para aceptar lo que les den.

La idea de la representación es que quienes no tienen voz, puedan hacerla oir a través de alguien que hable por ellos; en el mundo del trabajo, esto significa sindicatos fuertes capaces de negociar contratos adecuados con los empresarios. Es decir, justo todo lo contrario a lo que uno encuentra en la legislación laboral chilena.

Hasta la década de 1.980, Chile tenía una creciente política de reconocimiento y protección de los derechos laborales. Sin embargo, la instauración del nuevo Código del Trabajo de 1.981 cambió las reglas del juego de manera radical. El gobierno de la época se hizo eco de las doctrinas neoliberales por las cuales es mejor dejar que el mercado laboral se regule por el libre juego de la oferta y la demanda, ya que según se argumentaba, la producción se vería estimulada si los trabajadores tenían incentivos para trabajar mejor, vía conseguir aumentos de salarios a cambio de su mejor esfuerzo. En virtud de esto se disminuyeron al máximo posible las instituciones del Derecho Colectivo del Trabajo, típicamente los sindicatos y la negociación colectiva.

Pero Chile es un país cuya base social se cimenta sobre una economía extractiva con trabajos de baja calificación, más una concentración brutal del poder económico en manos de unas pocas empresas que tiene a Chile incapaz de bajar del 0.50 en el índice Gini de desigualdad (en dicho índice, 0 es igualdad absoluta y 1 es desigualdad absoluta, y 0.50 es una cantidad estratosféricamente alta a nivel planetario). Los resultados, huelga decirlo, fueron catastróficos. En Chile, los sindicatos no tienen casi ninguna fuerza para negociar mejores contratos con sus empleadores. En primer lugar, la afiliación a los sindicatos no es obligatoria sino voluntaria, por lo que muchos de ellos se han jibarizado hasta casi desaparecer. Las prácticas antisindicales son sancionadas por la ley, eso es cierto, pero como dichas prácticas deben ser probadas y los únicos capaces de testificar sobre ellas son los trabajadores expuestos a perder sus empleos, la proscripción de dichas prácticas antisindicales muchas veces es letra muerta.

Además, la huelga se ha reglamentado hasta tal punto, que los trabajadores casi no tienen herramientas con las cuales presionar a sus empleadores. Por ejemplo, la ley establece una serie de plazos, condiciones y requisitos para presentar un proyecto de contrato colectivo de trabajo, incluyendo la facultad del empleador para declarar unilateralmente hasta dos meses del año a su arbitrio como no aptos para iniciar negociaciones. El contrato colectivo rige en principio para los trabajadores que concurrieron a la negociación colectiva, pero el empleador puede hacerlo extensivo a otros, con la obvia consecuencia de que para un trabajador sale más rentable no subirse a una negociación colectiva y aprovecharse de ella después, lo que por supuesto desincentiva que alguien inicie las mismas. A su vez, como un trabajador puede salirse de un sindicato y la ley le ordena que deberá pagar sólo el 75% de su cuota sindical por los beneficios que le entregue el contrato colectivo, la ley sutilmente entrega otro incentivo a que los trabajadores se salgan de los sindicatos, y por lo tanto pierdan poder de negociación a futuro.

En cuanto a la huelga, la única forma legal de la misma en Chile es la inasistencia al trabajo; otras formas de huelga tales como la huelga de brazos caídos (acudir al trabajo pero no realizar las funciones del mismo) o las huelgas intermitentes (en que no paralizan todos los trabajadores, sino solamente algunos, de manera rotatoria) no son reconocidas, y podrían llevar eventualmente al despido del trabajador por incumplimiento de sus obligaciones laborales. Además, la huelga sólo puede ser declarada después de pasada una cierta cantidad de días, y vale sólo para los trabajadores involucrados en la negociación colectiva, no para el grueso de los trabajadores en su conjunto. Y si la huelga afecta a más del cincuenta por ciento de los trabajadores de la empresa, el empleador puede declarar el lock-out de la misma (cierre por parte del empresario) y declarándolo, no tiene obligación legal alguna de pagar remuneraciones; otra medida para evitar que alguna huelga se haga demasiado grande. Y eso por no hablar de la flexibilidad con la que se permite contratar esquiroles, porque basta con que el empleador ofrezca el mismo contrato colectivo vigente, un reajuste y un bono, y ya puede traer trabajadores de reemplazo. En definitiva, todo el sistema de la huelga está reglado para que la misma tenga el menor efecto posible, trabándola tanto como se pueda para que a los trabajadores les cueste declararla y mantenerla.

En definitiva, la misma indefensión que padecen los ciudadanos frente al sistema político, y los consumidores frente a las grandes empresas, es la de los trabajadores frente a sus empleadores. O de cómo arreglárselas para crear la tormenta perfecta.


Cuestión de empoderamiento.

Una palabra ha circulado en los últimos años, a propósito de las manifestaciones en Chile: empoderamiento de la ciudadanía, horrible neologismo que deriva de la palabra inglesa empowerment, que se ha traducido toda la vida con el castizo fortalecimiento. Se habla principalmente de un conflicto entre una ciudadanía empoderada, versus un sistema jurídico, político y social que debilita la representación de la ciudadanía en diversos ámbitos. La verdadera crisis no estalló por las falencias mismas del sistema: estalló porque la ciudadanía aspira a más, y los canales tradicionales a través de los cuales expresar su descontento y obtener una mejor representación en su triple calidad de ciudadano, consumidor y trabajador, resultan insuficientes para contener dichas aspiraciones. Si hay algo que la Historia ha probado una y otra vez, es que no hay sistema político y social que consiga aguantar frente a una ciudadanía realmente enojada. Por definición todos los sistemas políticos y sociales deben ser representativos para subsistir, porque si no lo son, las crecientes masas de gente no representada empiezan a preguntarse para qué defender un sistema que no los defiende a ellos de vuelta. Esto es receta segura para la inestabilidad, la crisis social, y en definitiva el desastre. Es probable que una sociedad en la que todos puedan ser millonarios y felices sea una utopía más propia del Star Trek de Gene Roddenberry que una realidad práctica, a lo menos con la tecnología y medios sociales actuales, pero no cabe la menor duda de que toda sociedad democrática actual debe asegurar un umbral mínimo de representación, o las consecuencias pueden ser devastadoras. Las crisis sociales son como las guerras: todo el mundo puede decir más o menos cuando empiezan, pero nadie en realidad puede decir cuándo terminarán. O en dónde.

En cualquier caso, sea cual sea el resultado, la crisis de representatividad que atraviesa Chile ha marcado el final de una época, y el inicio de una distinta. Es obvio que un nuevo sistema político y social habrá de emerger de todas estas circunstancias. Pero cuáles serán las características de dicho sistema, si será uno diferente al actual, o uno similar al modelo pero incluso más pronunciado, es algo que ningún pitoniso responsable podría predecir.

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