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jueves, 26 de agosto de 2010

33 seres humanos.


En las últimas dos semanas (escribo esto el 22 de agosto de 2010), se ha hecho una enorme cantidad de ruido mediático en torno al caso de los 33 mineros atrapados en una mina de la Tercera Región. Para los extranjeros no enterados que pudieran leerme, partamos por decir que esos mineros quedaron atrapados por un derrumbe, en una mina que, según se reveló después, contaba con medidas de seguridad mínimas. La indignación popular ha ido entonces creciendo contra los dueños de la mina, así como contra los organismos que supuestamente debían supervigilarlos, a saber el SERNAGEOMIN (Servicio Nacional de Geología y Minería). En el período transcurrido, ya ha rodado alguna que otra cabeza dentro de esos órganos, mientras que la portada del "Diario Uno" del domingo 15 de agosto exigía (no escribí "pedía") la renuncia del Ministro de Minería.

Pero el punto principal es lo que esta tragedia revela sobre la realidad del trabajo en Chile. Los medios de comunicación han tratado de crear una imagen en la cual todo esto no es más que un accidente acotado: una desgracia en la que coincidieron unos dueños de minas inescrupulosos, unos servicios que no funcionaron todo lo bien que deberían, y unos mineros que tuvieron la desgracia de acabar hundidos bajo el fuego cruzado institucional. Todo muy puntualizado y focalizado, como si el asunto se fuera a acabar con el rescate de los mineros atrapados.

La realidad es que el caso de los 33 mineros es sólo el ejemplo extremo de la gran precarización del trabajo que existe en Chile. El trabajo de minería es riesgoso de por sí, se presta para una tragedia de proporciones como ésta. De hecho, Chile posee el triste récord de tener el desastre minero con mayor cantidad de bajas registradas: 355 muertos en una explosión de la mina de cobre El Teniente, el 19 de Junio de 1945. Pero de manera más soterrada, existen muchos otros trabajos en los cuales los trabajadores están absolutamente desprotegidos y son casi profesiones de riesgo. Uno entiende que tienen trabajos de riesgo gentes como los policías o los gendarmes, por ejemplo. Menos claro es el caso de los pescadores artesanales que salen en chalupas al mar exterior. O de los temporeros que se atiborran de pesticidas para proteger las valiosas frutas de exportación que se comerán meses después en Europa. O de los profesores en cuyos colegios los alumnos se asestan puñaladas entre sí (cualquier chileno sabe que esto no es broma ni es "La naranja mecánica"), y vamos a ver cuánto falta para que uno zurza a su pedagogo por una mala nota o porque lo miró feo. O de los trabajadores de los centros de llamado, que según se ha denunciado repetidamente, deben incluso hacer sus llamadas con pañales porque no les dejan siquiera ir al baño. O en tantos negocios pequeños o en consultorios en donde no existe ni siquiera una silla, a pesar de que la ley ordena la existencia de dicho mueble para que los trabajadores puedan descansar algunos minutitos en su jornada. Algunos pocos tienen la fortuna de tener trabajos bien remunerados o vivir de sus proyectos, o estar bien contactados y caer de pie aquí o allá, pero esa es la realidad de unos pocos. La mayoría de los chilenos tiene que arreglárselas con mucho menos que eso.

Con esto no quiero pecar de insensible y decir que los medios de comunicación no deberían informar del tema ni mucho menos. El dolor de dichas familias, no sólo por el peligro de muerte inminente para sus mineros, sino también por la incertidumbre y zozobra de no saber durante casi medio mes si estaban vivos o muertos en lo hondo del pique, es algo por lo que ningún ser humano debería pasar. Pero la verdadera tragedia es que los dueños de la mina se hicieron los desentendidos con la seguridad, y por eso pasó lo que pasó. ¿Alguien piensa que esos mineros fueron tan estúpidos de descender a una mina, sabiendo o no pudiendo menos que saber acerca de las condiciones laborales en que prestaban sus servicios? Si lo hicieron, es porque no tenían otra alternativa, así como no la tienen los trabajadores que mencionaba en el párrafo de más arriba, porque lo contrario es morirse de hambre, y condenar de paso a sus familias a la inanición. Y si en eso deben arriesgar la vida, pues bueno... qué mala suerte, para eso son mano de obra de baja calificación, y por ende fácilmente reemplazable.

¿Y qué dice la ley chilena al respecto? El artículo clave en esta materia es el 184 del Código del Trabajo: "El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las adecuadas condiciones de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales". Más claro echarle agua. Y por si esto no fuera suficiente, el Reglamento de Seguridad Minera (Decreto N° 132 del año 2004 del Ministerio de Minería) repite la misma idea en su artículo 31: "La Empresa minera debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de los trabajadores propios y de terceros, como así mismo de los equipos, maquinarias, e instalaciones, estén o no indicadas en este Reglamento. Dichas medidas se deberán dar a conocer al personal a través de conductos o medios de comunicación que garanticen su plena difusión y comprensión". O sea, la obligación legal de proteger a sus trabajadores, por parte de los dueños de la mina, es absolutamente ineludible.

No se necesitan nuevas leyes ni modificaciones para solucionar esta crisis y evitar que se produzcan nuevas catástrofes humanas, sino que basta con aplicar lo que ya existe, esto con criterio y respeto por la vida humana. No se puede esperar que no ocurran más accidentes, claro, pero será a los dueños de la mina quienes les tocará probar que hicieron todo lo humanamente razonable para prevenir esta crisis. Si realmente fueron negligentes en su actuar, dejarles salirse con la suya sería una pésima señal para la sociedad chilena como un todo, otro signo más de que importa más el valor agregado que una persona pueda agregarle a un producto final, que la integridad de la persona misma.

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